DEBATE EN TORNO A LA PROPUESTA EN MATERIA DE HUMANIDADES, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

• Tienen que garantizarse mecanismos para la incorporación creciente de mujeres y jóvenes, planteó la doctora Rosaura Ruiz Gutiérrez, titular de la SECTEI en el foro organizado por el Conacyt

Funcionarios y académicos debatieron hoy en el Foro Nacional Temático Hacia la Primera Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación en México, y formularon propuestas para mejorar el anteproyecto de ley en la materia. En el foro organizado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), la doctora Rosaura Ruiz Gutiérrez, secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTEI), destacó virtudes del documento, y planteó algunos aspectos en los que se puede apuntalar la propuesta. “Habrá que cuidar mucho el contenido ideológico. Durante muchos años me he dedicado al estudio del evolucionismo y no hay otra teoría más importante en la biología que la Teoría de la Evolución”, estableció. En el artículo quinto del anteproyecto, precisó, se cita la equidad epistémica y, obviamente, este punto no puede generalizarse, pues depende de cada una de las áreas. Hay construcciones culturales muy respetables, religiosas, que defienden un creacionismo de diferentes tipos de dioses y de ninguna manera esto tiene equidad. Lo mismo ocurre, apuntó, al hablar de un diálogo de saberes entre concepciones distintas, pues tampoco tiene sentido; este es un ejemplo muy claro, donde no puede haber un diálogo entre creación y evolución. Aunque también hay culturas que han generado productos que tienen que ver con la mejora de la salud, pero que esto no tiene equiparación con el trabajo que hace, por ejemplo, el Instituto Nacional de Nutrición. En consecuencia, ahí un diálogo de saberes sería muy injusto. Habría que precisar válida esa búsqueda de una equidad epistémica. La propuesta de ley tiene desafíos, todo el trabajo en ciencia, tecnología, humanidades e innovación. Debe tener mucha claridad en cuanto a la distribución de las competencias gubernamentales entre estados y la Ciudad de México. Tenemos que definir las competencias entre la autoridad federal y las secretarías, organismos y dependencias con las entidades federativas. Además, tiene que contarse con mecanismos que garanticen la incorporación de mujeres y de jóvenes, y definir los instrumentos de fomento a la investigación colaborativa y a la internalización que no están claramente planteados en el documento. Debe haber una articulación con la Ley de Educación Superior, pues en esta legislación se plantean una serie de temas que no están contemplados en el anteproyecto. En materia de financiamiento, añadió, en pláticas con Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, dijo que los recursos obtenidos por la aplicación de sanciones en materia electoral y por bloqueo de cuentas por narcotráfico, lavado de dinero y corrupción, se pueden transferir al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y a las autoridades locales en la materia. Igualmente, indicó, se debe garantizar la participación de las secretarías y dependencias, así como las instituciones de educación superior como la UNAM, IPN, ANUIES, la Academia Mexicana de Ciencias en los órganos de gobernanza de las instituciones en este ámbito. También se tienen que precisar los mecanismos para incluir la perspectiva de género, la perspectiva generacional y las acciones afirmativas para que esto sea factible. En cuanto al fomento a la investigación colaborativa y a la internacionalización, tendrán que establecerse las bases de coordinación para que todas las universidades e instituciones públicas de educación media superior puedan impulsar actividades de humanidades, ciencia, tecnología e innovación y para que las instituciones con mayor avance, y desarrollo impulsen estas actividades. En su intervención, Guadalupe Valencia, coordinadora de Humanidades de la UNAM, exhortó a que la participación en este foro fuera plena y se constituyera como el motor mismo del avance de las humanidades, las ciencias, las tecnologías e innovación en beneficio de los fines más altos de nuestra sociedad con una mayor igualdad en todas las dimensiones. La doctora Valencia externó que la pandemia ha dejado claro que las comunidades científicas y las instituciones de educación superior están preparadas para enfrentar las más complicadas emergencias sociales. Hugo Casanova, director del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE) de la UNAM, resaltó la importancia de la participación del sector universitario en el anteproyecto de la ley general, pues representa al núcleo más significativo en esta materia. “Las humanidades en diálogo constante con la investigación científica, proporcionan la base racional para la construcción de las grandes líneas del desarrollo nacional”, indicó Casanova. Uno de los grandes retos que habrá de superar por la ley es encontrar los mecanismos y los medios jurídicos para garantizar su cumplimiento. Debe hacerse efectivo en la realidad el derecho humano a la ciencia. Tanto en la gobernanza como en las políticas públicas la presencia de las universidades e instituciones de educación superior adquieren una significación especial. El compromiso del Estado y las universidades debe atender una doble dimensión: fortalecer al saber en su concepción más universal, y reconocer que el país tiene un enorme compromiso con su sociedad y se debe contribuir a la superación de los grandes problemas sociales de México. El doctor Enrique Fernández Fassnacht, director del Tecnológico Nacional de México resaltó el papel que han desempeñado históricamente las instituciones públicas de educación superior y sus comunidades académicas. Somos los actores que salvaguardamos, reproducimos y divulgamos estos conocimientos de forma estratégica para beneficio de la sociedad mexicana. Durante muchos años las políticas de apoyo a la labor de investigación no han estado debidamente balanceadas entre campos del conocimiento, regiones, perspectivas de investigación y problemas públicos y sociales a considerar en nuestra labor de generación y aplicación del conocimiento. Por ello, tienen que implementarse mecanismos presupuestales, legales y administrativos que promuevan un mayor equilibrio entre las diferentes tareas y campos de investigación. Sólo a partir de una estrategia que conciba la acción en red y evolutiva de la labor científica y tecnológica estaremos en condiciones de construir rutas sólidas hacia el progreso nacional. Desafortunadamente, resumió, en muchas ocasiones no contamos con recursos financieros y materiales suficientes para que estas iniciativas tengan el impacto social necesario. También tienen que contemplarse las alianzas con otros actores públicos y privados. En su participación, el doctor José Mustre De León, director del CINVESTAV, puso de relieve que en la generación de conocimiento "en nuestro país casi el 70 por ciento de las publicaciones generadas son precisamente de las instituciones de educación superior". Es de gran importancia que haya armonía entre la presente propuesta de ley y otras como la Ley General de Educación Superior y la Ley General de Entidades Paraestatales.